Comentario

De sus abuelos maternos, los Reyes Católicos, Carlos V recibió gran parte de la península Ibérica, junto con otra serie de dependencias repartidas por Europa, África y América. Separados los dos grandes reinos de Castilla y Aragón a la muerte de Isabel la Católica, los hechos relatados de 1516 -la muerte de Fernando el Católico más el golpe de Estado, que permitió a Carlos compartir la soberanía de Castilla con su madre y gobernar en exclusiva- le allanaron el camino para ser jurado heredero sucesivamente por las Cortes reunidas entre 1518 y 1519 en Valladolid, Zaragoza y Barcelona.
La unión de las dos coronas en Carlos fue, sin duda, un elemento que contribuyó decisivamente a la consolidación de la Monarquía Española, constituida de muy diversas piezas, pero cada vez con más instituciones comunes que actuaban como poderosos vínculos más allá de la coincidencia de la soberanía de todas ellas en un mismo titular. Como colofón, Fernando el Católico hizo valer sus derechos al reino de Navarra por la fuerza de las armas en 1512, de modo que el nuevo Estado, inserto por voluntad expresa del rey aragonés en la Corona castellana (1515) -pese a conservar sus propias instituciones originales, así como su propio sistema parlamentario- contribuyó a reforzar la unidad peninsular en vísperas de la llegada de Carlos.

Castilla era sin duda el más poderoso de los dos componentes básicos de la unidad. Compuesta por una serie de territorios de denominación diversa (reinos de Galicia, León, Castilla, Murcia, Jaén, Córdoba, Sevilla y el recién conquistado de Granada, principado de Asturias, señorío de Vizcaya y provincias de Guipúzcoa y Álava), todos ellos se configuraban unitariamente como fruto de una historia compartida desde los tiempos medievales y de una institución parlamentaría común (las Cortes), aunque las tres provincias vascongadas mantuvieran unos fueros que les otorgaban cierta singularidad dentro del conjunto.

Castilla, que había incluido al reino de Granada sin ninguna dificultad dentro de su marco constitucional, había incorporado asimismo otros Estados antes de la llegada de Carlos a la península Ibérica. En primer lugar, la conquista de las islas Canarias había permitido la inclusión del archipiélago en la Corona castellana, con la simple salvedad de la distinción entre las tres islas de realengo (Gran Canaria, Tenerife y La Palma) y las cuatro islas señoriales (Lanzarote, Fuerteventura, Hierro y La Gomera), pero todas ellas bajo la soberanía del rey de Castilla.

Del mismo modo, el derecho de conquista había puesto en manos de los Reyes Católicos un rosario de fortalezas o presidios en la costa africana (Melilla, Mazalquivir, Peñón de Vélez de la Gomera, Orán, Bugía y Trípoli), a las que Carlos V añadió la gran plaza fuerte de Túnez (julio de 1535), aunque perdió el control sobre Bugía y Trípoli -esta última puesta bajo la vigilancia de los caballeros de la Orden de Malta, instalados en esta isla por el Emperador en 1525-. El reino o Corona de Aragón se componía asimismo de varias piezas, esencialmente los reinos de Aragón propiamente dicho, Valencia y Mallorca y el principado de Cataluña.

Aunque unidas todas las piezas bajo un mismo soberano (antes y después de Fernando el Católico), los reinos mantuvieron instituciones y hasta Cortes separadas. Incluso el reino de Mallorca presentó como característica constitucional específica la falta de una representación parlamentaria propia y la particular articulación de las tres islas mayores de Mallorca, Menorca e Ibiza dentro del conjunto insular.

Además, el reino aragonés se había prolongado fuera de las fronteras peninsulares con la incorporación de los condados de Rosellón y Cerdaña, recuperados de Francia por el tratado de Barcelona de 1493, y del reino de Cerdeña, vinculado desde la Edad Media de modo tan estrecho que sus asuntos bajo Carlos V dependieron del Consejo de Aragón, antes de incorporarse más tarde el Consejo de Italia, cuando la lógica geopolítica primó sobre el criterio constitucional. Finalmente, los derechos dinásticos aragoneses obtuvieron su reconocimiento, impuesto frente a Francia por la fuerza de las armas, en el caso de la incorporación -efectiva desde enero de 1504 y sancionada desde marzo del mismo año por el tratado de Lyon- de los reinos de Nápoles y de Sicilia, que mantuvieron instituciones separadas, con un gobierno independiente ostentado por sendos virreyes nombrados desde España, pese a la obvia unidad geopolítica. El ducado de Milán -que había estado intermitentemente bajo la soberanía de Francia y de la familia Sforza- revirtió también en Carlos V como feudo imperial en 1535, aunque el territorio fue cedido en 1540 al futuro Felipe II y unido así definitivamente a la Monarquía Hispánica.